Los alcaldes de Arequipa, Cusco, Trujillo, Lima, Huancayo y Piura lograron un hito histórico. Consiguieron que el Poder Ejecutivo diera marcha atrás con el decreto de urgencia Nro. 003-2024, el cual era perjudicial para la autonomía municipal. Esta norma pretendía que las cajas municipales capitalizaran la totalidad de sus utilidades obtenidas en el año 2023.
La medida era lesiva para varias municipalidades del país, las cuales son propietarias de estas entidades financieras y utilizan las ganancias para financiar parte de su programa de inversiones municipales.
El ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, se reunió con los alcaldes de Arequipa, Cusco, Trujillo y Huancayo, así como con el teniente alcalde de Piura. Durante la reunión, el alto funcionario prometió derogar el artículo 2 de la norma.
Horas antes de esta reunión, Víctor Hugo Rivera Chávez, Luis Pantoja Calvo, Mario Reyna Rodríguez, Rafael López Aliaga, Dennys Cubas y Juan Zevallos López emitieron un pronunciamiento en el que pedían la derogatoria de los artículos 2 y 10 de la norma. De haber entrado en vigencia el decreto, las obras públicas se hubiesen quedado sin recursos.
El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, tuvo una participación clave. Gestionó de manera inmediata la reunión con el ministro de Economía y los burgomaestres provinciales.
Además de la derogatoria de los artículos mencionados, los alcaldes también exigieron destinar más fondos para enfrentar la inseguridad ciudadana. Lamentaron que se destinaran 1300 millones de dólares para el rescate de Petroperú, una empresa estatal cuyos problemas económicos no parecen tener solución.
El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, cuestionó este decreto y viajó a Lima para gestionar la derogatoria de la norma. “Si no tenemos recursos porque el Estado no nos los da y podemos conseguirlos con la Caja Arequipa, y ahora nos los están quitando, están atentando contra la ciudadanía”, expresó Rivera al ser consultado sobre el tema por el diario La República.
En el caso de Arequipa, la comuna provincial contaba con el 50% de estas utilidades para usarlas en obras, lo que equivale a S/35 millones.
